La entidad gremial ocupó el edificio desde la década del 90′ hasta noviembre de 2018, cuando fue desalojada a pedido del Departamento. Esto último se lo permitió un contrato de comodato gratuito, que firmó el ex Superintendente de Irrigación, en donde se previó una cláusula de rescisión ante incumplimientos de obligaciones, como el pago de tasas municipales. El organismo del agua tuvo que pagar por los ejercicios 2015, 2016 y 2017 de dicho servicio un total de $754.417,21.
A fines de noviembre la CGT Regional Mendoza, solicitó al Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, abstenerse de continuar con las acciones de recuperación del inmueble que hasta entonces ha sido sede del organismo sindical, ubicado en calle 25 de mayo 1245, de la Ciudad de Mendoza, cuya propiedad es del Departamento General de Irrigación. El fundamento del pedido es la supuesta pertenencia “histórica y legal” del inmueble, lo que resulta totalmente falaz, según lo expresado en un dictamen realizado el mismo día en que se dio inicio a las acciones de desalojo, por el área de Asuntos Legales de Irrigación, el pasado 21 de noviembre.
La historia
“El inmueble cuya recuperación se inició por actuaciones Nº 257860 caratulados ´Departamento General de Irrigación S/ recuperación de DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION S/ RECUPERACION DE INMUEBLE` originarios del 8º Juz. de Paz de la Primera Circunscripción Judicial, fue la Sede del DGI hasta el año 1946. Para hacer frente al gasto que demandó la adquisición del inmueble, los concesionarios de agua de la Provincia debieron pagar una cuota adicional de m$n 0,50 (moneda nacional) por hectárea con derecho de agua”, asegura el dictamen de Irrigación que explica el acontecer de los hechos.
“Una vez desafectado el inmueble del destino originario (Sede del DGI), se otorgó la tenencia precaria a distintos entes dependientes de la Provincia de Mendoza. Tal el caso de la Dirección General de Escuelas, el que lo destinó al funcionamiento de una escuela primaria. Es más, en alguna oportunidad, luego del sismo del año 1985, a pedido del Gobierno Provincial, el inmueble sirvió de refugio a los afectados que quedaron sin vivienda”, sostuvieron desde el organismo que administra el agua.
Durante la década del 90, estando otorgado en comodato a la Provincia de Mendoza, por decisión unilateral de la misma, el inmueble fue prestado a los hoy reclamantes. Durante la vigencia de dicho ´préstamo´ los titulares de la CGT reclamaban al DGI el pago de los servicios e impuestos, argumentando que ´es el DGI el titular del inmueble´ y, por lo tanto, ´los responsables del pago de los mismo´. “Por lo que mal pueden ahora pretender desconocer la titularidad del citado inmueble y argumentar ser los titulares ´legales´ del mismo”, sostienen desde Legales de Irrigación.
Luego de varios intentos frustrados de pretender quedarse con el inmueble, finalmente la CGT Regional Mendoza reconoció el carácter de propietario que ostenta el DGI y en el año 2013 suscribieron a un contrato de “comodato gratuito” del inmueble, el que sólo imponía a los beneficiarios dos obligaciones: mantener en condiciones de habitabilidad al inmueble y pagar los servicios que ellos gozaban. No obstante que el comodato preveía una cláusula genérica de rescisión a favor del DGI , la misma nunca se hizo valer y sólo ante los reiterados incumplimientos de las obligaciones del comodatario, se resolvió la rescisión del contrato.
En efecto, se toma conocimiento que la CGT no cumplía con las obligaciones de pago de los servicios asumidas en el contrato de comodato cuando la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza notifica de deuda y aviso de remate del inmueble, lo que obliga, ante la gravedad del caso, a reclamar el pago de la deuda bajo apercibimiento de rescisión y posterior desalojo. La deuda que se reclama por el ejercicio 2018 es de $383.947,90 que deberá ser pagado a la brevedad para que no se inicie apremio y embargo de las cuentas bancarias de Irrigación. Entre 2015, 2016 y 2017, Irrigación abonó el canon del servicio correspondiente ya que se encontraba en apremio y pronto a pasar a embargo de cuentas bancarias, por $754.417,21.
Advertidos del incumplimiento, se envía a personal especializado de Irrigación a constatar el estado del inmueble, dado que el comodatario había asumido la responsabilidad de cuidarlo y mentenerlo. Y como resultado de dicha inspección se concluye que existen daños estructurales provocados por la falta de mantenimiento, poniendo en riesgo las condiciones de habitabilidad del inmueble.
Así las cosas, “y con absoluto respeto al debido proceso, derecho de defensa y en especial consideración al carácter de ente representativo de los trabajadores”, sostienen desde el área de Legales de Irrigación, se les otorga treinta días para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas, bajo apercibimiento de rescisión. “Adviértase,- sostiene el dictamen de Irrigación-, que tal como se aclaró con anterioridad, pudiendo hacer uso del derecho amplio de rescisión, se llega a esta instancia exclusivamente por la irresponsabilidad del ente comodatario”.
Transcurrido el plazo otorgado y ante el reiterado incumplimiento, se emite acto administrativo (Resol. Nro. 715 de Sup) rescindiendo el comodato y emplazando a la CGT a restituir el inmueble libre de ocupantes. Es necesario resalta que los actos administrativos citados no fueron cuestionados y/o apelados por el comodatario, quedando firmes y ejecutoriados.
Por lo expuesto, el área de Legales de Irrigación sugiere “la emisión de un acto administrativo del Superintendente, desestimando formalmente la solicitud de suspensión de las acciones legales tendientes a la recuperación del inmueble, y asimismo, atento el peligro que implica para el ente, sus dependientes o terceros (incluyendo a los vecinos) el estado de deterioro estructural del inmueble, en el mismo acto, deberá deslindarse al DGI de toda responsabilidad por daños, mientras el bien permanezca en posesión del ente”, finaliza.
